Diversos recursos de protección interpuestos en tribunales del país para que la vacuna contra el papiloma humano (VPH) no sea obligatoria administrarla a niñas de quinto y sexto básico en los colegios, alertó no sólo a médicos, autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) y expertos en el tema, sino que también a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esto, debido que en ninguna parte del mundo una inoculación que es obligatoria había sido objeto de controversia y más aún, que se llegara hasta la justicia para detener su aplicación. 

Y es que la jurisprudencia que fija Chile en este tema es vista con preocupación por el organismo internacional, ya que muchos países -sobre todo latinoamericanos- pueden recoger esta idea y llevarla a su realidad, poniendo en jaque una política pública de salud que busca prevenir el cáncer cervicouterino en mujeres en edad adulta. 

Tanto del Minsal como de diversas organizaciones científicas han salido al paso de las críticas a la aplicación de la vacuna y han hecho una férrea defensa sobre la necesidad de ser aplicada. Al respecto, el representante en Chile de la OMS, Roberto Del Águila, explica que para el organismo internacional "todo elemento que tenga un rechazo a un proceso de vacunación es preocupante, porque lamentablemente la globalización hace que cualquier evento donde las vacunas estén involucradas, rápidamente se difunden a nivel mundial. Garantizo que lo que se está viendo en Chile debe estar siendo publicado en otros países", dijo. 

Agregó que "la judicialización que hemos visto es realmente una preocupación y además confunde, porque los medios de comunicación reproducen esta acogida de la justicia y los que están en contra de las vacunas lo ven como un triunfo; los medios dicen que la justicia acepta que no se tenga que vacunar poniendo más combustibles estos grupos". 

Para Del Águila, la estrategia y lo máximo que se puede hacer en estos casos "es educar, educar y educar. No hay otro mecanismo adicional para brindar información a la ciudadanía, para decirle que la vacuna es absolutamente buena, efectiva, segura. Al contrario, si no se aplica, la única consecuencia es que las niñas tendrán mayor riesgo de tener cáncer de cuello uterino”. 

Coincidente con lo expuesto es la asesora del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización (CAVEI) del Minsal, María Teresa Valenzuela, quien asegura que llevar el tema de la vacunación a los tribunales hace que Chile consiga "un pésimo precedente". Precisa que "nunca un tema tan técnico, basado en un programa de bien público nacional desde el año 1977, ha sido cuestionado. Además que ha sido un lujo por los éxitos demostrados en el control de enfermedades, la eliminación y erradicación de enfermedades. Gracias a la existencia de este programa de cobertura universal, no tenemos muertes por sarampión, poliomielitis, difteria o tétano". 

La experta precisa que "Chile pudo mostrar al mundo las estrategias que ha utilizado para eliminar y erradicar enfermedad, pero hoy día está dando este mal ejemplo, donde se discuten temas que son tan técnicos a nivel de Parlamento o tribunales". 

La doctora Valenzuela atribuye estas medidas de no vacunación "a los juicios de valor que le otorga la sociedad a una intervención determinada. Creo que cualquiera toma de decisiones que se quiera hacer debe generar la menor resistencia. Mientras mayor alcance de conocimiento se tenga de los beneficios de esa intervención, la gente la comprenderá de mejor manera". 

Desconocimiento

En tanto, el director del Instituto de Políticas Publicas en Salud (IPSUSS) de la U. San Sebastián, Manuel José Irarrázaval, "poner este tema de vacunación contra el VPH en la justicia es sumamente grave, porque genera una disculpa con valor legal para oponerse a una medida sanitaria muy relevante". 

Destaca que hasta su conocimiento, "no hay ningún sustento científico legítimo para oponerse a esta vacunación. Ahora, independiente de que uno u otro tribunal acoja este tipo de recursos, hay que tomar en cuenta que acá son temas técnicos en juego y que pueden ser dañinos para la población". 

Consultado sobre el por qué cree que se da esta judicialización, Irarrázaval asegura que "hay una mezcla de desinformación y al mismo tiempo mucho acceso a información pero poca capacidad de discernimiento. A eso se suma mucha desconfianza a los entes de poder y se toma autonomía para decisiones de este tipo. Entonces, la razón es mixta". 

Otra opinión concordante con lo expuesto antes es la de la coordinadora del Comité Consultivo de Vacunas de la Sociedad Chilena de Infectología, Marcela Potin. Para ella, lo que se está viendo "es súper negativo para la imagen pública y refleja de alguna manera que no nos hemos podido entender con los grupos que critican las vacunas. He conversado con ellos y la verdad es que les falta mucha información completa; ven sólo una parte, y eso refleja y explica el temor que tienen". 

Cree que esto "es un pésimo precedente que como país estamos dando, porque otros pueden imitar esto. Afortunadamente con timerosal no ocurrió así y los países siguieron vacunando tranquilo". 

Potin atribuye que el ruido que ha provocado esta vacuna responde a tres factores: "es nueva, tiene una connotación en la conducta sexual en las personas y es de grandes poblaciones de mujeres y adolescentes por la edad de aplicación".