Los recursos de protección interpuestos en distintas Cortes de Apelaciones del país para evitar la vacunación contra el virus de papiloma humano (VPH), tiene por estos días enfrentados a autoridades de salud, el mundo científico y a quienes se autodefinen como antivacunas.

La inoculación la reciben niñas de cuarto año de enseñanza básica (primera dosis) y quinto año básico (segunda dosis).  A partir de 2015, el Ministerio de Salud (Minsal) implementó también una estrategia de “puesta al día” para vacunar a las niñas de sexto a octavo básico, con la cual todas las niñas que egresen de enseñanza básica estarán protegidas contra el VPH. Esto dura hasta este año.

La negativa de padres o sostenedores a la vacunación ha llegado a la justicia y en algunos casos, ésta los ha respaldado, tal como se ha visto en las Cortes de Talca y San Miguel. Sin embargo, desde el mundo de la medicina han surgido cuestionamientos a la envergadura de estas decisiones, considerando la falta de “conocimiento  técnico” en materia de salud. Más aún en un tema que consideran “de salud pública”.

Ante este dilema, la pregunta es: ¿hasta qué punto la justicia puede abordar temas tan técnicos y decidir si se autoriza o no la vacunación a un determinado grupo, contrayendo con ello lo dictado por la autoridad de salud estatal?  

Al respecto, el presidente del Colegio Médico de Chile, Enrique Paris, asegura que “respetando absolutamente la independencia del Poder Judicial para tomar el tipo de decisiones que está tomando, tienen que consultarse a sociedades científicas. Y temo que en el caso de Talca, no se pidió esta opinión”.

Agrega que en decisiones tan trascendentales quienes tienen la facultad de decidir “deben hacerse asesorar por las sociedades científicas o por expertos que puedan dar su opinión de la medicina basada en la evidencia, como a la Sociedad Chilena de Infectología o a la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, por ejemplo, antes de tomar una decisión de esta magnitud porque ha producido un impacto nacional e internacional”.

Asegura Paris que la vacuna VPH, “no tiene problemas, no tiene timerosal y no tiene efectos adversos extraordinarios - más allá del dolor o la fiebre que lo tienen otras vacunas también”, por eso abogó para que “se diga en base a qué tomó su decisión (la justicia), esto más allá de que los padres tengan el derecho a hacer todas las preguntas que estimen convenientes y que se le den todas las respuestas posibles. Quizás falto más dialogo”, sentenció.

Respalda esta mirada el director del Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, Manuel José Irarrázaval. Señaló que "la justicia tiene límites en muchas cosas, porque si bien hay una responsabilidad de velar por los derechos de las personas, también la hay por los derechos de la sociedad. Por ejemplo, cuando detienen a una persona por estar conduciendo ebrio le están afectando su derecho a tomarse un trago y a manejar en esas condiciones, pero al mismo tiempo con esas acciones están protegiendo al resto de la sociedad”.

Es más, puntualizó, que en algunas cosas de la salud “en que hay un impacto exclusivo en las personas, creo que el derecho personal de cada uno es muy fuerte, más allá de que me perjudique con esa decisión, pero si tengo una enfermedad contagiosa para la cual existe un tratamiento, donde la masificación de esa enfermedad es una amenaza seria para el resto de la sociedad, creo que mi derecho está limitado. Ahora, claramente es una discusión bien compleja en lo filosófico y político porque quién define hasta dónde se pone el límite y cómo se aplica en cada uno abre un campo legítimo para una discusión de la jurisprudencia y de decir cómo se toman las decisiones, pero me parece que los derechos personales no son absolutos; debe haber alguna disponibilidad de ponerle límite a sus derechos en cuento afectan a los demás”.

En temas tan técnico como salud, agrega Irarrázaval, “uno entra en un terreno bien complejo, que es el criterio de los jueces, donde tiene que aplicar la ley, pero esa misma ley debe tener el sentido del bien de la ciudadanía y el juez tiene que ser capaz de discernir en decir: este tema es complejo y necesito ayuda. En lo que hemos visto últimamente, una de las cosas que reprocho es que la Corte de Talca, por ejemplo, no haya buscado expertos en el tema y aceptar argumentos tan superficiales como los escritos en el documento y tomar una decisión tan trascendental, me parecen de una imprudencia temeraria”.

Agrega que Chile cuenta hace décadas con un sistema sanitario que “ha demostrado claramente su eficiencia”, por lo que “es imprudente y arrogante asumir una responsabilidad de este tipo. Lo encuentro muy grave”.  

Defensa de la justicia

La mirada antes expuesta es rebatida por Felipe González, vocero del Movimiento Anti Vacunación, quien asegura que lo que han hecho las distintas cortes del país al aceptar los recursos de amparo contra la vacuna VPH, es un llamado de atención a la autoridad de salud del país para que transparente en qué consiste esta inoculación y se abra una discusión donde todos puedan participar de si es conveniente o no aplicarla.

Según el dirigente, ellos buscan que la ministra de Salud, Carmen Castillo, “responda al acceso a la información de la vacuna y que sea entregada de forma clara, precisa y oportuna como lo establece la Ley de Derechos y Deberes del Paciente. Buscamos que se respete el consentimiento informado, que se entregue la información a los papás y los que quieren rechazar la vacuna, que lo puedan hacer”.

González asegura que “el cáncer cervicouterino es 100% prevenible con detección precoz y tal como lo ha dicho el presidente de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, Omar Nazzal, en el 90% de los casos el virus del papiloma se elimina de forma natural en dos años. Del 10% que queda, son pocos los casos: de un millón de personas, sólo 1.600 lo contraerían, es decir, es una tasa bajísima, lo que sumado a que el PAP se hace cada tres años, puedes prevenir hasta en un 100% el cáncer cervicouterino”.

Consultado sobre para qué exponer a una población determinada a un eventual cáncer si existe cómo prevenirlo con la vacuna VPH, el vocero del Movimiento Anti Vacunación, dice que “la vacuna sólo protege de cuatro cepas de 40 que tienen un potencial oncogénico, entonces, puede que no se infecte de alguna de las cuatro, pero sí de alguna otra. Acá lo que tiene que hacer la autoridad es educar a la gente como corresponde. Hay matronas que son líderes en la salud sexual y reproductiva, pero falta que el Minsal inyecte recursos a los procesos educativos en salud. Eso hace falta”.