En medio de sus vacaciones, martillando y pintando una casa de acogida en Valdivia, el alcalde de Panguipulli, René Aravena, se detiene y analiza el significado del dictamen de Contraloría, sobre la venta de medicamentos en municipalidades (N°13.636)

¿Cómo están avanzando en la instalación de su “farmacia popular” luego del dictamen de Contraloría?

La verdad es que no hay para qué ser un genio, uno tiene que saber lo básico en cuanto a administración municipal y,  una de las cosas que tiene prohibida la ley es transformar al municipio en empresa. Y en esto por supuesto que todos queremos ayudar a la gente más desvalida, de la tercera edad y a quienes más consumen fármacos, pero hay que hacerlo conforme a la ley.

Perfectamente pudiera hacerse, bajo el alero de la farmacia del consultorio que tiene el listado de personas calificadas para que sean atendidas con cierta protección social y que tiene los nexos para adquirir fármacos.

Hicimos la consulta para entregar medicamentos al mismo precio y la duda fue porque cualquier establecimiento que uno ponga anexo, contraviene el artículo de la constitución respecto a que nosotros no podemos transformarnos en empresa. Además que cuando existe una compra y una venta del producto y uno quiere establecer los costos, hay muchos  gastos asociados como luz, agua, teléfono, costos como variaciones del precio, o que un fármaco venza y eso aumenta la pérdida y el valor de otros fármacos.

Es algo  muy complejo, lo mejor es trabajar al alero de la farmacia del consultorio, por tanto, para que le vamos a poner nombre de fantasía que al final ilusionan a la gente, nosotros la llamamos solamente farmacia comunal, donde van a estar cubiertas las personas que van a estar inscritas en el consultorio, pueden venir todas las personas, excepto las que están en isapres, ellas no califican. Pero si alguien más quiere inscribirse, y no califique socialmente podemos ayudarle, y hacer las consultas pertinentes.

¿Cuándo comenzaría a funcionar esa farmacia comunal?

Calculamos que para que todo salga bien, va a pasar un mes. Pero haremos las cosas conforme lo que la ley permite, y lo nuestro siempre lo hemos hecho conforme a la ley “a veces el pueblo pide fármacos o pide pan y le dan circo. Yo creo que el nombre de farmacia popular tiene una fanfarrea más grande de lo que se merece. Es simplemente recoger el precio del fármaco y entregarlo al usuario cumpliendo una falencia que tiene el Estado. La Constitución dice que tiene que resguardar la salud de las personas, y eso no es sólo el diagnóstico de una enfermedad, sino que el tratamiento. Una vez que seamos como otros países que han logrado cubrir a gente con riesgo social con el diagnóstico, tratamiento y fármacos, ahí podemos decir que Chile está cumpliendo con su Constitución, porque el esfuerzo que estamos haciendo ahora es cubrir una carencia del Estado de velar por la salud de las personas.

¿No hay cumplimiento con la entrega gratuita de fármacos?

Compramos a través de Cenabast algunos fármacos. Cuando yo asumí había una deuda anterior, por lo que ofrecimos un convenio de pago de $5 millones mensuales, pero en Cenabast dijeron que era muy poco, pero si hubiesen sido un poco más inteligentes y hubiesen aceptado el convenio, esto estaría pagado.

Ojalá nos hagan caso y podremos cancelar la deuda, aunque algunos concejales digan que está prescrito. Acá pagamos las deudas.

En uno de los extractos del dictamen de Contraloría General de la República se señala que “en el marco de las acciones que ejecuten las farmacias pertenecientes a los establecimientos de atención primaria de salud municipal, que existe habilitación legal para expender medicamentos con una finalidad de salud pública, como lo es la de facilitar a la población el acceso a dichos productos.

Tratándose de la instalación y operación de las farmacias al margen de dichos establecimientos asistenciales, cumple con hacer presente que no existe una norma legal que autorice a los municipios a realizar aquello, de modo que en atención al principio de juridicidad que rige a los órganos  de la Administración del Estado, en virtud de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, y 2° de la ley N°18.575, no corresponde que tales entidades edilicias desarrollen la actividad por la que se consulta fuera del referido ámbito”.

Ante este punto, el alcalde Aravena llama a los ediles de otras comunas a ceñirse a lo que la CGR indica

Lo que les recomiendo yo es que lean el fallo de Contraloría. No es fácil de entender, pero con el apoyo jurídico se puede entender y se van a dar cuenta que no tenemos para qué hacer gastos comprando o arrendando locales, contratando farmacéuticos, más personas, instalaciones de luz, porque eso es un gasto superfluo que se puede evitar. Y puede traer complicaciones después.

Lo mejor es seguir con el consultorio y leer la recomendación que entregó Contraloría, si lo piden a nuestro municipio no tendría ningún inconveniente de hacérselos llegar.

Es decir ¿si las farmacias “populares” se están instalando fuera del recinto del consultorio eso se deberá fiscalizar porque se incumple la ley?

En Chile se dice mucho que las instituciones funcionan, pero funcionan mal y no porque quieran hacerlo, sino porque hay municipios que no aprovechan las instancias legales que existen para poder hacer las consultas como el caso de las farmacias populares.

Y termina la entrevista indicando que está en Valdivia, habilitando la casa de acogida para que jóvenes de Panguipulli destacados en los estudios que “entraban a leyes, ingeniería, les pagaban beca alimentación, $30 mil,  pero fallaban en algo, no tenían donde dormir. Le solicité al intendente y no le expliqué bien aparentemente porque no me entendió. Así que compre una casa de mi bolsillo y en este momento tengo 8 literas disponibles, jóvenes que son de la precordillera que ahora podrán seguir estudiando y tendrán un lugar donde vivir. Ojalá me imiten también en esto”.