Nada desapercibidas pasaron las palabras del consultor de Biostrategy y ex vicepresidente de la Cámara de la Innovación Farmacéutica (CIF), José Manuel Cousiño, respecto a la Ley de Fármacos II actualmente en discusión en el Senado, luego que asegurara que “la nueva política de biequivalencia generará un montón de querellas por parte de laboratorios”. 

Su afirmación se dio en el coloquio sobre medicamentos organizado por el Instituto de Políticas Públicas en Salud (IPSUSS) de la Universidad San Sebastián, donde compartió escenario con el presidente de las farmacias independientes, Héctor Rojas y el director ejecutivo de PHG Huenchuñir consultores, Patricio Huenchuñir. 

Es más. Las palabras de Cousiño abrieron nuevos flancos al proyecto del Ejecutivo. Al respecto, el actual vicepresidente ejecutivo de la CIF, Jean Jacques Duhart, afirmó que más que una posibilidad de querella "nuestro horizonte está en aportar los elementos para que se recapacite y se enmiende el rumbo (del proyecto) para retomar un proceso sostenido de avance en materia de bioequivalencia con los plazos necesarios y mejor acceso, pero a productos que garanticen calidad, eficacia y seguridad”. 

En ese sentido, dijo que lo que más les preocupa de la iniciativa presidencial es el Artículo 101 relativo a la forma de prescripción y dispensación de medicamentos, “ya que introduce una serie de elementos que en la práctica significa un retroceso a las políticas que había venido implementando el país en materia de cerrar la brecha en calidad de medicamentos a través de la bioequivalencia”. 

En concreto, dijo Duhart, “son dos problemas” en la Ley de Fármacos II. “Uno, al hacer obligatorio al médico prescribir por la Denominación Común Internacional (DCI). Con ello lo que se está haciendo en la práctica es que la receta médica se está convirtiendo en un cheque al portador, donde lo único específico es la molécula. Qué versión de esa molécula se entrega se define finalmente en el mesón de la farmacia”, dijo. 

Precisó que de lo recetado por el médico “en el mercado hay 10, 15 o 20 versiones distintas, con y sin bioequivalencia, genéricas, de marca o marca propia. Además, se sabe que en Chile hay una de las comercializaciones en farmacia más concentradas y que las cadenas tienen marcas propias, por lo tanto, quien dispensa no es neutro de cuál medicamento entrega. Eso significa tirar por la borda la bioequivalencia, ¿quién va a tener incentivos a invertir así en bioequivalencia? Y eso nos parece gravísimo”. 

Lo segundo, acotó el vicepresidente del CIF, es una indicación introducida por el Ejecutivo en el inciso segundo de la Ley de Fármacos I “donde cambia la redacción que decía que el producto, junto con el DCI va a habilitar el intercambio por un bioequivalente genérico. Ahora simplemente dice que el Instituto de Salud Pública (ISP) sera quién determinará los medicamentos que no son intercambiables”. 

Puntualiza que lo anterior en la práctica significa “cambiar la regla general de no intercambiabilidad, ya que dice, tácitamente, todos los medicamentos van a ser intercambiables, a menos que el ISP diga lo contrario. Cambia la regla que Chile había tenido las últimas décadas, sin ninguna referencia con bioequivalencia o demostrar bioequivalencia terapéutica. Eso es trastocar lo que estaba en la ley”. 

Sentencia Duhart que si no se corrigen estos dos puntos significará “retroceder e ir contracorriente de lo que hacen muchos países. Vamos a ser el único país que va caminando para atrás con un impacto importante en la salud de las personas porque va a significar consolidar en Chile tener medicamentos de primera, con calidad, eficacia y seguridad; y de segunda, que dicen que de calidad, que dicen ser eficaces y que dicen ser seguros, pero que no lo han demostrado. Esto significa, desde el punto de vista de la inequida, algo impresentable. Una salud en dos niveles”. 

Problemas previsibles.

Una mirada desde otra perspectiva es la que da el vicepresidente ejecutivo de la Asociación Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (Asilfa), Elmer Torres. Asegura que la postura de Cousiño “es de las multinacionales, donde las empresas locales después de ciertos años pueden producir esos medicamentos. Desde ese punto de vista es subir en todo lo que pueden los estándares para eliminar competencia de alguna manera”. 

Dice que la institución que preside está “totalmente de acuerdo por la transparencia. También compartimos el terminar con la integración vertical porque obviamente tiene una concentración monopólica y naturalmente manejan a su antojo las recetas médicas”. 

Respecto a la bioequivalencia, Torres admite que “obviamente que apoyamos avanzar en esa dirección. Si un médico debe poner un remedio bioequivalente bien, pero en el medida que haya, porque no todos los productos tienen genéricos y bioequivalentes. De hecho recién salió un nuevo listado”. 

De los estudios de los productos, dice que ellos van a seguir avanzado “en la medida de lo posible. Por esa razón consideramos que está bien como estaba redactado originalmente la Ley Fármacos I, que el médico ponga un producto de marca o similar que tenga bioequivalencia, más un medicamento de DCI bioequivalente en la medida que lo haya”. 

Advierte también el presidente de Asilfa que “las autoridades tienen que tener un compromiso social en este tema. El medicamento es un bien esencial. No es uno más de consumo. Por tanto, las autoridades tienen que buscar un equilibrio para avanzar sin traumatizar a la población, porque si se quiere exigir que todo tenga bioequivalencia en este minuto, sino se sacan, quién va a abastecer al 69% de productos que se comercializan en Chile o los van a traer todo de Estado Unidos”.