Se ha conocido un borrador del anteproyecto de Ley de Educación Superior. Luego de analizarlo, esperamos que sea solo eso, un primer borrador factible de ser modificado y muy perfeccionado, por el bien del desarrollo futuro de nuestro sistema educacional, que quedaría muy dañado si estas son las ideas que se aprueban en la Ley. Esto nos hace mirar más allá del fallo del Tribunal Constitucional y la respuesta del gobierno, que ha sido obligado a no tener estándares de acreditación diferentes para las universidades estatales respecto a las privadas

Quienes comiencen sus estudios en 2016, recién egresarán desde 2020 en adelante y trabajarán hasta el 2060, aproximadamente. ¿Es posible conocer, con algún grado de certeza, lo que un profesional va a hacer y cómo en el futuro? Por eso, el diseño curricular se ha ido focalizando en lo fundamental de las disciplinas y en el aprendizaje de técnicas indispensables hoy, siempre con la idea de la formación continua. Se percibe que se pretende instaurar un gran control, con confianza en mecanismos de planificación; eso no va a resultar, porque es imposible proyectar con cierta precisión, dada la velocidad del cambio cultural y tecnológico que experimentamos. Algunos dicen que lo único cierto del futuro es que será muy distinto a lo que conocemos.

Como todo proyecto, se basa en un diagnóstico que llama la atención por lo incompleto y parcial. Como es lógico, eso lleva a plantear soluciones equivocadas para problemas que a veces son inexistentes. Es muy extraño el desconocimiento respecto de cómo funcionan, en la realidad chilena y no en un modelo, las universidades, cuál es su contribución al acceso de los jóvenes de los niveles socioeconómicos más bajos, cómo ha evolucionado su calidad, y los cambios de la última década en las exigencias para la acreditación y respecto a la rendición de cuentas de los recursos aportados por el Estado.

Se ha puesto el énfasis en la institucionalidad, con la Superintendencia, la Agencia, la Subsecretaría, el mecanismo de fijación de aranceles, la Red de Universidades Estatales y otros temas, dejando en segundo plano cuestiones que verdaderamente afectan el quehacer diario de las universidades o que condicionan su desarrollo futuro.

A través de la Ley se pretende implantar todo tipo de regulaciones, fijar los cupos y las nuevas carreras, determinar los aranceles y administrar el sistema de admisión, que hace desaparecer el Demre de la Universidad de Chile. Se postula que el arancel regulado es válido para todos los estudiantes, no sólo para los que acceden a la gratuidad, lo que deja en una posición permanentemente desmedrada a las universidades que tienen costos superiores a los definidos en el esquema de fijación de aranceles. Sobre el impacto de eso en la calidad no se ha planteado nada.

Por otro lado, se detiene demasiado en temas poco relevantes, como los requisitos del concurso de alta dirección para nominar a los tres expertos designados por esa vía, no obstante deja temas de tremendo interés a un gran número de reglamentos que dictaría el Mineduc.

Es una curiosa técnica legislativa, que muestra un desequilibrio en el análisis profundo de asuntos de procedimientos con los temas de fondo, que definirán el quehacer de nuestras universidades.