La preocupación porque el sistema de salud chileno cuente con el número adecuado de profesionales calificados es materia urgente. La demanda solo crecerá. El envejecimiento de la población determina más enfermedades crónicas; la necesidad de profesionales de rehabilitación sube; la tecnología exige más personas dedicadas a áreas específicas; la complejidad de los hospitales hace necesarios más y mejores enfermeros y matrones para garantizar la calidad y seguridad, los programas de salud preventiva requieren equipos multiprofesionales; la alta prevalencia de alteraciones del ánimo y enfermedad mental demanda más sicólogos. El listado es interminable. Solo en médicos, el déficit actual se acerca a los 8.000 profesionales.

Uno de los centros más importantes en la formación es el Hospital José Joaquín Aguirre, que hoy enfrenta serias dificultades para cumplir su misión docente. Un edifico obsoleto, una deuda que se empina sobre los $50 mil millones, y el riesgo de arrastre financiero para toda la Universidad de Chile repican con tono amenazante.

El Jota es insustituible en su misión formadora, y esto es un asunto de bien público.
Formar profesionales es oneroso. ¿Recibe el hospital todo el financiamiento que el Estado paga por formar especialistas, o este se queda en otros dominios? ¿Es lógico que en la derivación de pacientes Fonasa, el Hospital Clínico sea tratado como un centro privado, manejándose con las limitaciones de la Ley de Compras? ¿Si se generó una Ley especial para el Hospital P. Hurtado, y está en trámite otra para dos hospitales, el Jota no merece una ley específica?

Se argumenta que la administración del hospital ha sido débil, que el poder médico no tiene contrapeso, que la eficiencia productiva es lamentable. Quizás sea cierto; pero encontrar remedio a la grave enfermedad de este hospital ya es un asunto país.

Propuestas puede haber muchas: separar la personería jurídica del hospital del resto de la U, otorgar un préstamo blando que permita partir de nuevo, construir por vía iniciativa privada de interés público un recinto moderno en lugar de otro hospital público en el área norte, establecer la dedicación exclusiva de los profesionales y no permitir conflictos de interés, generar una Ley específica con mecanismos de administración y financiamiento no sujetos al paradigma habitual de Contraloría.

El statu quo es una catástrofe. Grandes hospitales académicos han debido enfrentar transformaciones profundas; pero el J no tiene espacio jurídico ni político para un socio estratégico.

En este llamado, los primeros convocados deben ser los propios profesionales de este gran centro Universitario. Sin ellos, nada. Pero se requieren cambios profundos, de esos que duelen. Si Chile da, ellos deben dar el doble.