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Farmacias populares, respuesta populista a economía imperfecta
Vicedecano de la Facultad de Medicina de la Universidad San Sebastián, Mario Fernández, afirma que “pareciese urgente y necesaria una reforma que permita generar un sistema de economía de escala que reduzca los precios de los medicamentos en beneficio directo de los enfermos”.
Martes 16 de febrero de 2016
Ahora una reconocida Universidad de la región del Biobío es quien anuncia la creación de una "Farmacia Popular" abierta a toda la comunidad. Ayer fue la Municipalidad de Recoleta, mañana será la Junta de Vecinos Lo Pequen, luego la sociedad de Jubilados de la Plaza de Armas y así sucesivamente.
¿Es este el camino para solucionar un modelo de economía imperfecta, como ha demostrado ser la industria y el comercio farmacéutico? Me parece definitivamente que NO. Es complejo creer que nuestras autoridades, aquellas responsables de nuestra economía y de nuestra salud no sean capaces de proponer ideas que apunten a corregir imperfecciones propias del modelo de economía social de mercado que los chilenos hemos elegido y que más allá de colusiones, tráfico de influencias, comisiones abusivas y arreglos tributarios oscuros, nos ha permitido crecer al ritmo de país desarrollado, y mostrar cifras de empleo, educación e impacto sanitario muy por sobre las de los países de la región.
El sobreprecio de los medicamentos efectivamente impacta el bolsillo de los chilenos y de manera principal al de los grupos sociales más vulnerables y con menos poder de presión, como lo son los jubilados, los enfermos crónicos y los desempleados, entre otros.
Estudios de caracterización revelan que el "gasto de bolsillo en salud" llega al 32% en Chile (el más alto en Latinoamérica, se excluye Venezuela) y uno de los mayores entre los países de la OECD, solo superado por México cuyo gasto en salud es cubierto casi en un 50% por el aporte de bolsillo del usuario.
Se estima que el 2015 los chilenos gastaron en salud más de $15 mil millones; de este gasto $4.800 millones corresponde a "gasto de bolsillo", es decir al desembolso directo efectuado por todos nosotros para costear aquello no cubierto por nuestros sistemas previsionales ni por subsidios del Estado, como por ejemplo los gastos en farmacia, que en el mismo año superaron los $1.400 millones, afectando a todos los sectores sociales, pero impactando como siempre de manera principal, a pacientes de clase media.
Así las cosas, pareciese urgente y necesaria una reforma que permita generar un sistema de economía de escala que reduzca los precios de los medicamentos en beneficio directo de los enfermos, propiciando incentivos institucionales que dirijan la acción de los agentes de la salud en dicha dirección, permitiendo un adecuado equilibrio entre demandantes y oferentes que beneficie a ambos.
En este sentido, el camino no es –en mi opinión– la proliferación de las llamadas "farmacias populares"; va porque las aseguradoras de salud, llámese Isapres, FONASA, instituciones de salud de las FFAA y otras, asuman su responsabilidad en la cobertura integral de los tratamientos de sus usuarios, incluyendo los medicamentos y no solo una parte de la terapia como ocurre hoy. Esto les obligaría a desarrollar estrategias para reducir costos y negociar para sus miles de afiliados en una posición de ventaja, donde la economía de escala aplica.
La fórmula no es nueva y ya ha sido efectuada con éxito en la entrega de medicamentos de las canastas de prestaciones de las 80 patologías incluidas en el plan AUGE. Por ejemplo, un paciente diabético recibe sus hipoglucemiantes orales o la insulina, según el caso, con coberturas de hasta el 100%, es decir a costo cero y/o con un copago mínimo en el caso de medicamentos de segunda línea o similares de producción de mayor costo, medicamentos financiados entonces por el asegurador.
Extender este tipo de beneficios a toda receta médica que considere medicamentos autorizados por recomendación de guías clínicas ministeriales, sería el camino a seguir. Este modelo no solo impactaría el costo de los medicamentos, obligando a los laboratorios a negociar sus precios, favoreciendo la libre competencia y premiando a aquellos que estén dispuestos a moderar sus utilidades; obligaría también a los médicos a actualizar periódicamente su farmacopea, recetando solo lo adecuado y necesario.
Sensibilizarnos todos respecto de la contención de costos en salud es una tarea urgente que merece toda nuestra atención y de manera principal la de nuestra clase política.
