La ley de Fármacos establecía, entre muchas cosas, el marco regulatorio para evitar la canela, práctica ampliamente denunciada por trabajadores de farmacias y reportajes televisivos.

En ella, se prohibía la publicidad, la promoción a través de medios de comunicación y los incentivos económicos que “indujeran el uso de determinados productos por parte de los profesionales habilitados para prescribir y dispensar medicamentos o a los dependientes de los establecimientos de expendio y a cualquier otra persona que intervenga en la venta o administración de medicamentos”.

De esa manera, el incentivo económico o “canela” quedaba prohibido en cualquier parte de la cadena de suministro de fármacos. Sin embargo, la misma materia se abordó también en la ley 20.850 que crea el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto coso (Ricarte Soto), que en su artículo 34 señalaba:

“Prohíbase la donación de productos farmacéuticos realizada con fines publicitarios, como asimismo los incentivos de cualquier índole que induzcan a privilegiar el uso, prescripción, dispensación, venta o administración de uno o más productos farmacéuticos a cualquier persona que participe en la venta.

Precisamente esta última frase “que participe en la venta” fue eliminada según aparece en el diario oficial del martes 26 de enero.

Esa redacción menos específica que la establecida en la Ley de Fármacos, fue confusa según fuentes consultadas, esto porque restringió la prohibición de la canela solamente en quien participara en la venta, es decir: el dependiente ubicado detrás del mesón.

Y si bien esa es la cara visible en las farmacias,  es el último eslabón de una cadena de un mercado millonario a nivel mundial. Sin embargo, con la modificación recién publicada, se entiende que la prohibición de la canela es absoluta, no admitiendo resquicios legales ni excepciones.