Desde hace al menos dos o tres años Venezuela vive una crisis integral, que se manifiesta en la política y en la economía, en las relaciones internacionales y en la miseria social, en la escalada de violencia y el inmenso déficit en la atención de salud.

En lo político, la manifestación más clara del problema es la dictadura de Nicolás Maduro, que vive un momento especialmente tenso, amenazado por la comunidad internacional y con una evidente falta de legitimidad. En lo social, la muestra más visible y multitudinaria de la crisis es la emigración de millones de venezolanos, que han marchado a otros países de América Latina o Europa a buscar oportunidades y libertades que su país les niega.

En las últimas semanas, meses incluso, diversos países del mundo han pedido reiteradamente por un tránsito pacífico a la democracia en Venezuela, exigiendo a Nicolás Maduro que convoque a elecciones abiertas, transparentes y con garantías, en contraste con aquellas que le dieron este mandato iniciado en enero de este año.

El régimen no se ha mostrado partidario de cambiar su itinerario, en parte por la convicción de encabezar una Revolución Bolivariana que jamás debe devolver el poder y también por un discurso entre nacionalista y antiimperialista, que rechaza la intervención extranjera y teme que la comunidad internacional horade el Socialismo del siglo XXI, hasta provocar su caída.

En ese doble contexto –crisis integral y dinámica política interna– debemos inscribir la demanda de la Organización de Estados Americanos (OEA), las resoluciones de la Unión Europea y la decisión de numerosos gobiernos de promover un regreso a la democracia en Venezuela y de colaborar en este momento histórico para superar, especialmente, la crisis humanitaria que afecta al país. Es lo que ha llevado a distintas organizaciones y gobiernos a preparar una gigantesca ayuda para los venezolanos, que incluye alimentos y medicamentos, entre los aportes más urgentes.

La actitud del gobierno de Maduro ante la ayuda humanitaria para su pueblo ha tenido una evolución que, en términos generales, ha significado rechazar la existencia de crisis humanitaria en Venezuela. Luego, rechazó “la intervención extranjera” en su país, asegurando que la patria del Socialismo del siglo XXI no es “mendigo” de nadie. El dictador afirmó con claridad: “Quieren convertir a un país de gente rebelde, de gente digna y laboriosa, en un país de mendigos. Con este show de la ayuda humanitaria mandan un mensaje ‘Venezuela no puede, Venezuela tiene que mendigar al mundo’, y Venezuela no le va a mendigar nada a nadie en este mundo. Venezuela sí puede”.

En un segundo momento existió una descalificación a la ayuda en sí, que llevó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, a declarar que “la ayuda humanitaria es cancerígena”, y que envenenaría a quienes la consumieran. Así lo habían demostrado, según ella, distintos estudios científicos, aunque no acompañó antecedentes al respecto, asegurando que el país estaba ante “un show barato” y un “insulto”.

En la actualidad, cuando desde distintos países han partido toneladas de ayuda material a las fronteras de Venezuela, el gobierno ha adoptado una nueva estrategia, que en lo esencial tiende a cerrar las vías de acceso al país, postura dura, de todo o nada. Con ello impedirá el ingreso de la ayuda humanitaria, cuya entrega está prevista para hoy. El régimen de Maduro ha declarado alerta militar en el país, en medio de una crisis política y de una creciente presión internacional.

Distintos gobiernos de la región han comprometido su ayuda al pueblo venezolano, entre ellos el presidente brasileño Jair Bolsonaro, el chileno Sebastián Piñera -quién incluso se trasladó a Cúcuta- y el colombiano Iván Duque. A ellos podemos sumar la activa presencia mediática del norteamericano Donald Trump. Como suele ocurrir en estos temas, rápidamente han recibido el apoyo y agradecimiento de mucha gente, especialmente venezolana, así como del presidente encargado Juan Guaidó. Paralelamente, han surgido las críticas de intervencionismo o “injerencismo” de sectores de izquierda, de partidarios del Socialismo del siglo XXI y del propio gobierno de Maduro.

Conviene despejar dos problemas antes de seguir con un diálogo de sordos que no contribuye a la solución del problema de fondo en Venezuela. El primero es la necesidad de realizar un tránsito a la democracia que sea efectivamente pacífico y con garantías suficientes de limpieza y justicia. El segundo es asumir la existencia real de una grave crisis humanitaria, para que el pueblo venezolano, el principal perjudicado por la experiencia bolivariana, pueda comenzar a superar este periodo de miseria, postración y división que le ha tocado vivir.

En ambos casos la comunidad internacional debe seguir muy activa. Sin embargo, parece claro que es necesario hacer una presión dirigida al régimen de Maduro para que se abra a una solución pacífica, que permita evitar la guerra civil o el baño de sangre que podría producirse en caso de no llegar a un acuerdo en un tiempo razonable. En esto Maduro ha sido hábil en jugar con los tiempos y en mantener el apoyo casi unánime del ejército. Sin embargo, quizá por primera vez desde que sucedió a Hugo Chávez a la cabeza del régimen venezolano, ahora el tiempo juega en contra de Maduro: cada vez tiene menos apoyo social, menos legitimidad y, de hecho, menos poder. 

El 23 de febrero es un día decisivo en la historia de Venezuela, otro de los tantos que ha vivido en los últimos años. Veremos si ingresa la ayuda humanitaria y si triunfa el cierre de fronteras. Y en ambos casos, si ello ocurre de manera pacífica, o mediante la continuación de la violencia estatal.