Hace algunos años un compañero de curso de colegio me contó una historia dramática, aunque con final feliz. En las primeras décadas del siglo XX, con una gran pobreza extendida en diversas zonas de España -realidad que hoy parece casi olvidada-, una madre tuvo que repartir, literalmente, a sus hijos. Uno de ellos, que no tenía más de diez o doce años, viajó al fin del mundo y se instaló en Chile. En este país, gracias a su trabajo y creatividad, logró emprender y ser un gran aporte económico, social y cultural para el norte chileno, labor que sus descendientes han continuado.

Esa historia se repite por miles y millones, en distintos momentos de la historia y en diferentes lugares del mundo, aunque no siempre con igual éxito. Sin embargo, la mayoría de las veces existe la misma motivación: la miseria en el país de origen, que lleva a buscar más y mejores oportunidades en sociedades lejanas y desconocidas, incluso soportando el dolor de dividir a la familia.

Quizá ésa deba ser la premisa inicial para intentar comprender el fenómeno de la emigración y su contrapartida, la inmigración: un grupo de personas que sufre la pobreza y el dolor y busca, legítimamente, la posibilidad de vivir mejor, de desarrollarse y permitir que sus familias puedan tener un futuro distinto. Por eso la primera actitud hacia la emigración debería ser la empatía hacia la situación que viven estas personas, así como una apertura generosa hacia ellas.

Hay dos expresiones muy lamentables asociadas a las emigraciones, que se repiten en distintos lugares y épocas, y que hemos visto renacer en los últimos años. La primera es el rechazo que se advierte en algunas sociedades contra los inmigrantes: para ser más precisos, en algunos sectores del país receptor frente a algunos inmigrantes. En esto, habitualmente, podemos observar un racismo expreso o que aparece bajo diversos argumentos que no siempre logran ocultar la discriminación racial y una lamentable xenofobia. La segunda enfermedad son las mafias que organizan el tráfico de migrantes, estafando a quienes tienen los sueños de una vida mejor, y corrompiendo a funcionarios e instituciones, que hacen la vista gorda frente al interés evidente de enriquecerse a costa de violar las leyes y la dignidad de las personas.

¿Por qué este tema sigue estando tan presente en la discusión pública en este 2018? A nivel mundial, resulta claro que estamos frente a un problema de difícil solución, derivado de las guerras o la miseria de algunas sociedades, de la huida masiva y sin organización ni legalidad hacia territorios como Europa, Estados Unidos o países de América Latina, que generan desde preocupación hasta reacciones, positivas y negativas.

En los últimos días el gobierno de Emmanuel Macron aprobó un nuevo proyecto ley de inmigración y asilo en Francia, que será discutido en los próximos meses por el Parlamento. El objetivo es lograr “una inmigración controlada y un derecho de asilo efectivo”, que en la práctica hace más restrictiva la inmigración y el asilo, e incluso convertiría en delito el cruce ilegal de fronteras, lo que podría significar incluso un año de cárcel. Como suele ocurrir, rápidamente han comenzado las discusiones y los problemas asociados a este controvertido proyecto.

La oposición y algunos organismos especializados en estos temas anuncian su discrepancia, considerando que se trata de un retroceso en materias sensibles, como son los derechos de los extranjeros en Francia. Las autoridades del Poder Ejecutivo, por su parte, insisten en que se trata de ajustes necesarios, y que hay que estar abierto a acoger, pero que esto debe hacerse bien, como señaló el ministro del Interior, Gérard Collomb. El gobierno está convencido de que logrará una mayoría parlamentaria en este proyecto, aunque es evidente que se trata de una prueba importante para un político que emergió con una velocidad inusitada, como Macron, y que hasta el momento no ha enfrentado conflictos políticos mayores.

En esto hay otra derivada que es necesario considerar, que vale tanto para Francia como para otras sociedades: el 63% de los franceses considera que hay demasiados inmigrantes en el país, a lo que debemos añadir el impacto político y cultural de movimientos como el Frente Nacional, que ha tenido consistentemente un importante apoyo popular a pesar de sus ideas extremas.

Lo mismo se podría decir del caso chileno, que ha visto multiplicarse el número de inmigrantes en los últimos años, al punto que Chile es el país donde más ha crecido el fenómeno en América Latina. Esto representa un legítimo orgullo para el país, un destino buscado precisamente por la solidez de sus instituciones y la fortaleza de su economía, que ha abierto las oportunidades para millones de personas, como nunca antes en la historia del continente. No es casualidad que el incremento de la inmigración venga desde Haití -uno de los países más pobres de la región- y de Venezuela, que soporta una dictadura desde hace años, que ha empobrecido al país de manera alarmante al punto de llevarlo a enfrentar una crisis social y humanitaria de dramáticas consecuencias. Como siempre, se han alzado voces contra la inmigración, en parte por las mafias asociadas al tráfico de personas y el evidente desfase de la institucionalidad chilena en estas materias.

Es legítimo que un país plantee reformas a sus leyes de inmigración, como lo es exigir el cumplimiento de la ley para quienes deciden ingresar a vivir en él. Sin embargo, también es importante evaluar desde qué posición se entra al debate: desde una perspectiva humanitaria y amable, o desde una visión cerrada e intolerante. Es evidente que los problemas, en cada caso, se resolverán de distinta manera, porque el eje de análisis es muy diferente. Por lo mismo, es de esperar que en Francia y Europa la legislación y legalización de los inmigrantes, así como el combate a las mafias y la ilegalidad, no permitan caer en resentimientos y odios, que en nada contribuyen a una solución más humana de los problemas contemporáneos.

 * Columna publicada en El Imparcial, de España