Fue precisamente el 4 de febrero de 1992 el día en que unos militares realizaron un golpe de Estado fallido contra el presidente Carlos Andrés Pérez. Entre los golpistas se encontraba, entre otros, el teniente coronel Hugo Chávez, que con el tiempo pasaría a ser una de las principales figuras políticas del continente.

Fue también en febrero de 2014 cuando el régimen venezolano arrestó a Leopoldo López, uno de los líderes más importantes de la oposición al chavismo, y que se ha constituido desde entonces -junto a su mujer Lilian Tintori- en uno de los símbolos de la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Desde este 2017,  febrero también es el mes en que el gobierno de Nicolás Maduro retiró de su país la señal de CNN en español, bajo la argumentación de que realiza operaciones mediáticas imperiales o que distorsiona la situación de los derechos en ese país. Todo esto ha llevado a distintas reacciones tanto en la sociedad venezolana como en la comunidad internacional.

Esta última situación -la persecución a CNN- no es un hecho aislado, sino que se inscribe dentro de una política sistemática del régimen bolivariano contra la libertad de prensa, que comenzó Chávez y que continuó tras su muerte. La decisión fue acabar con la disidencia a través de la prensa, mediante múltiples formas: por el control del papel para los diarios, la negación de permisos, la persecución de periodistas, la censura e incluso la autocensura (que procura evitar el cierre de un medio), las amenazas de bloqueos en internet, y las reformas constitucionales o legales que tipifican penalmente lo que en otras circunstancias sólo sería la expresión de la libertad de opinión en una sociedad democrática. En la Venezuela dictatorial la situación es distinta.

Por otra parte, al cumplirse tres años de la reclusión de Leopoldo López, y dos años del presidio de Antonio Ledezma, otra figura de la oposición, un grupo de ex presidentes iberoamericanos han decidido formular su protesta en una “Declaración sobre los presos políticos en Venezuela”, en que manifiestan su “grave preocupación por la erosión total de la democracia constitucional en dicho país y al efecto alertamos a nuestros respectivos gobiernos”. Con ello reiteran los conceptos que habían formulado en otras ocasiones, por ejemplo en noviembre pasado, cuando formularon la “Declaración sobre el diálogo en Venezuela”, y denunciaron que “el diálogo como formalidad y con propósitos de distracción prostituye la práctica de la democracia y su esencia”.

Los firmantes son numerosos ex gobernantes de las diversas naciones de España y América Latina: Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla, José María Figueres y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; Armando Calderón Sol y Alfredo Cristiani, de El Salvador; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, de Panamá; Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, de Colombia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Fernando de la Rúa, de Argentina; Osvaldo Hurtado, de Ecuador; Luis Alberto Lacalle, de Uruguay; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia; Ricardo Lagos y Sebastián Piñera, de Chile; Felipe González y José María Aznar, de España.

Como se puede apreciar, son líderes con posturas políticas e históricas diversas, de partidos e ideologías diferentes e incluso contrastantes, pero que se unen en torno a una causa común. Son 23 ex jefes de Estado y de gobierno que han decidido manifestar su preocupación por la situación social y humanitaria de Venezuela, por una parte, y por la situación de los presos políticos, por otra.

El documento concluye con un lapidario resumen sobre la situación actual de Venezuela: “Sólo en regímenes dictatoriales tiránicos y totalitarios existen presos políticos y de conciencia. Ello es inadmisible bajo los cánones básicos de la democracia, de la civilización, y de todo gobierno que se diga respetuoso de los derechos de la persona humana. Tal hecho ha de mover la sensibilidad y la actuación firme y decidida de los organismos internacionales y las instituciones de mayor prestigio moral en el mundo, bajo riesgo de que se hagan cómplices por omisión de la tragedia en la que se encuentra hoy sumido el pueblo venezolano”.

Es difícil saber el efecto real que pueden tener declaraciones como estas, frente a una realidad abrumadora de escasez de productos (incluso médicos), arbitrariedad política, discordia y crisis institucional. La hípermovilización de la sociedad venezolana no ha logrado revertir el proceso de descomposición de su democracia y el advenimiento progresivo de una dictadura.

El triunfo en las elecciones a la Asamblea Nacional no ha podido superar el juego de poderes del chavismo, que controla el Ejecutivo, las Fuerzas Armadas, el poder electoral y los tribunales. Sin embargo, pese a esas situaciones que podrían producir desconsuelo y fatiga, es posible mostrar una evidencia como resultado: el gobierno chavista de Nicolás Maduro tiene el control de numerosos ejes de la política venezolana, pero carece del respaldo mayoritario de la población.

De otra manera convocaría al referéndum que podría resolver de manera democrática el conflicto político y social de Venezuela, sin tener que esperar a que se viva entre el drama presente o una crisis todavía peor, si sigue escalando el problema.