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Sin tiempo para el debate
Lo sensato, más allá del cronograma, es que un proyecto de la trascendencia y complejidad que tiene el de reforma a la educación superior sea muy analizado previamente, lo que hasta el momento no ha ocurrido; hoy sólo tenemos una propuesta en borrador hecha por el Ministerio. Es razonable dudar que eso se pueda hacer en algunas semanas.
Jueves 17 de septiembre de 2015
Un cronograma con ajustados plazos ha planteado el Ministerio de Educación, donde julio de 2016 sería la fecha límite para presentar el proyecto completo de reforma educacional. Se estima que el proyecto de ley correspondiente a educación superior debe presentarse en diciembre, no obstante la ministra se apuró en decir que ningún plazo es completamente inamovible.
Lo sensato, más allá del cronograma, es que un proyecto de la trascendencia y complejidad que tiene el de reforma a la educación superior sea muy analizado previamente, lo que hasta el momento no ha ocurrido; hoy sólo tenemos una propuesta en borrador hecha por el Ministerio. Es razonable dudar que eso se pueda hacer en algunas semanas. De aquí a diciembre no hay más de 10 o 12 semanas hábiles, que serán el plazo para presentar el proyecto al Congreso. Ese tiempo no parece suficiente para establecer un análisis serio, dada la envergadura del proyecto.
Mi impresión es que los plazos establecidos no han sido correctamente considerados; lograr un buen proyecto, con la relevancia que cobra la formación de profesionales y el desarrollo de investigación, que es lo que fundamentalmente hacen las universidades, no parece posible.
El proyecto es extremadamente trascendente porque afecta el futuro del país. Sería esperable conocer las respuestas a los principales puntos que las instituciones de educación superior hemos hecho y, sobre esa base, que exista análisis.
Existió mucha expectativa sobre la creación del Consejo Consultivo, pero desde el primer encuentro se estableció que sólo tendría seis reuniones y no intervendría en la gratuidad para el próximo año, pese a los "amarres" que introduciría la propuesta del gobierno. Así, es evidente que tendrá pocas posibilidades de profundizar en su trabajo.
Respecto a la gratuidad en 2016 y siguientes, ha ido quedando en evidencia que la distribución de recursos planteada por el Mineduc es discriminatoria, arbitraria e injusta. Además, va a producir una serie de efectos colaterales sobre las instituciones del sistema, que rigidizará el debate parlamentario del proyecto de ley. Se han planteado formas de financiamiento, como impuestos a los mayores ingresos, que fueron el foco de la reforma tributaria. Parece haber un cierto voluntarismo en términos de que mayores impuestos sobre lo ya acordado no producen impactos en la economía, que pueden contrarrestar los objetivos de mayor recaudación.
Es posible plantear que estudiantes de los sectores más vulnerables no paguen, con becas para la gratuidad al nivel de los aranceles. Eso no genera problemas legislativos ni sobre las instituciones. Después de todo, el costo adicional para el fisco sobre lo que ya destina el Presupuesto Público a becas y créditos, incluyendo a todas las instituciones acreditadas de educación superior, es menor a US$ 500 millones, que es la cifra indicada luego del anuncio presidencial del 21 de mayo. Eso sería lo equitativo y eficaz. Financiar con más recursos a las universidades estatales, las que hacen más investigación o a las regionales es otro tema.
