Hasta el momento, no hemos tenido debates de fondo sobre el sistema universitario que queremos para Chile en 20 o 30 años más. Es necesario abordar una reforma sobre políticas de aseguramiento de calidad, un marco regulatorio que incluya la fiscalización a las instituciones, sin perder la autonomía ni la diversidad, junto a un esquema de financiamiento que posibilite lograr los objetivos. En cambio, hemos tenido un exceso de discusión sobre los recursos fiscales, la que, en estos tiempos de estrechez muy aguda, se ha dirigido a lo instrumental e inmediato por sobre los temas de fondo, de largo plazo.

Uno de ellos es que el proyecto del Gobierno propone la existencia sólo de universidades completas y complejas. Solo 13 universidades tienen acreditadas las cinco dimensiones que exige el Proyecto.  La situación actual es que uno de cada tres estudiantes quedaría en instituciones con acreditación condicional o sujeta a la figura del interventor.

Si los recursos se concentran en algunas universidades, ¿cómo harán las demás para cumplir con los estándares para avanzar en la complejidad institucional? En esa lógica, se deberían cerrar instituciones, lo que obligaría al Estado a hacerse responsable de reubicar a todos esos estudiantes. Eso significaría disminuir la cobertura universitaria, frente a lo cual cabe preguntarse si es lo que requiere nuestro país, tanto desde el punto de vista de la igualdad de oportunidades como de lo que exigirá el sistema productivo, incluyendo al propio Estado en esa definición, por el alto número de personas que laboran en el gobierno, municipios y otros organismos estatales.

La cuestión de fondo es si tal complejidad es necesaria. Un ejemplo, en Estados Unidos no más del 30% de los estudiantes ingresa a una universidad que denominaríamos compleja, el resto accede a instituciones con distintos niveles de focalización en la docencia.

Por lo tanto, es muy dudoso que en Chile sea conveniente homogeneizar el sistema universitario, catalogando de hecho la formación de pregrado como de segunda importancia. Nadie quiere que existan instituciones de calidad deficiente, pero la regulación y fiscalización no garantizan la calidad. Un exceso regulatorio es garantía de nada, pero con certeza limita la autonomía y deja fuera los procesos internos de mejoras de cada institución. Eso significaría menor calidad.

Es interesante observar la proliferación de “apellidos” que se han dado las universidades, compitiendo por la denominación de “público”. Eso ocurre al identificar Estatal con Público, lo que es un conjunto cuasi vacío, porque una universidad, si cumple bien cualquiera de las funciones que se le asignan, genera beneficios sociales. Por supuesto, lo anterior requiere que logremos concordar el sentido de “cumplir bien”, aunque solo sea para aclarar desacuerdos; lo que no es fructífero es iniciar el análisis usando tautologías.

Ese debate es responsabilidad, entre otros, de los rectores de universidades. Es muy notable que el único lugar de encuentro que tengamos sea la cita anual que organiza Universia. Es necesario agradecerle por eso, pero también reflexionar si el encapsulamiento y tendencia a la fragmentación de las organizaciones existentes es lo que se espera de nosotros.