Un rechazo transversal tendría el cambio a la política de bioequibalentes contenidas en la Ley de Fármacos II, luego que el Ejecutivo anunciara que está estudiando ajustes en ese sentido. Esta incluiría la intercambiabilidad de medicamentos, a partir del registro del Instituto de Salud Pública (ISP), y sin que necesariamente hayan probado la bioequivalencia, proceso que certifica mediante estudios que un fármaco genérico tiene la misma seguridad, calidad y eficacia que el original o de marca.

La idea, explicó el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, es que “la política anterior forzó un proceso que generó menor presencia de competidores en el mercado y produjo un aumento de precios. No se generó el impacto de mayor disponibilidad y acceso a medicamentos, a precios más razonables”.

Al respecto, el diputado PS e integrante de la comisión de Salud, Manuel Monsalve, adelantó que “no estaría de acuerdo”, porque una parte “fundamental de una política de fármacos es que el Estado, a través del ISP pueda certificar aquellos fármacos que son bioequivalentes. Es una parte central de una política de medicamentos, porque el ciudadano lo que tiene a partir del estudio es la garantía de que, independiente de la marca con la cual compra un fármaco de marca o genérico, el efecto terapéutico de ese fármaco está garantizado”.

Puntualizó que le parece “difícil” que el Gobierno esté pensando en sacar los estudios pertinentes porque en el Senado hay un proyecto de ley que regula la receta médica, “donde se busca obligar a los médicos por ley que cuando dan un receta, si deciden indicar un fármaco de marca tengan obligación de colocar a su vez el nombre genérico, de modo que el paciente cuando vaya a comprarlo decida si comprar el de marca o el genérico”.

Monsalve agregó que además en este tipo de decisiones “nunca descarto las presiones de los laboratorios, porque tienen intereses económicos y buscan proteger su negocio. Ya sabemos  lo que ocurrió en las farmacias en la incidencia que tenías para obligar a los que venden los fármacos, con incentivos de por medio. Acá lo que importa es que el Estado tiene que proteger el bien común y eso le corresponde tanto al gobierno como al Congreso”, dijo.

Una mirada similar es la del diputado UDI y también integrante de la comisión de Salud, Javier Macaya. Para él, y mirando a priori cómo se va a implementar esta política, llevar adelante una idea así “es contrario a lo que los países buscan avanzar en su seguridad para el paciente. Aquellos países más desarrollados que Chile en esta materia, avanzan en políticas de bioequivalencias, no las flexibilizan ni las retroceden. Por lo mismo quiero los fundamentos para esta decisión si se llega a concretar”.

Destaca que “con la salud de los pacientes no se puede jugar y si finalmente lo que se quiere hacer es flexibilizar la bioequivalencia a tal punto de dejarla inservible, estamos en presencia de un error”.

Precisa el diputado sí que “en corto y quizás hasta mediano plazo, lo estudios de bioequivalencia pueden suponer un impacto en los precios de ciertos medicamentos, y es por esa razón que le pedimos al Estado que tuviera la capacidad, sobre todo en aquellos laboratorios más pequeños que subsidiara algunos estudios de bioequivalencia, y como eso no se ha hecho, es evidente que en un mediano plazo los primeros estudios hacen que ciertos productos sean un poco más caros, pero al final se podían intercambiar con certeza los productos que eran ostensiblemente más caros”.

Añadió Macaya que si el Estado se hubiera tomado “en serio esta política en los últimos dos años, incentivado los estudios de bioequivalencia, financiado en aquellos medicamentos de mayor uso en la población, sería otra la historia hoy día”.

El diputado Marco Antonio Nuñez (PPD), en tanto, también quitó el piso a esta idea del Gobierno, puesto que sería una vuelta atrás a lo que se ha avanzado.

Señaló el también integrante de la comisión de Salud de la Cámara que por ley se mandató al ministerio de Salud “la construcción de una agencia de  medicamentos reconocida por la Organización Mundial de la Salud, una bioequivalencia de verdad y a partir de eso la intercambiabilidad. El volver atrás, la incipiente bioquivalencia que existe en Chile, sería un gravísimo error de este gobierno”.