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Autonomía universitaria
Reflexión sobre proyecto de Ley de Educación Superior: “han aflorado problemas que debemos corregir y conductas que deben sancionarse, pero no desarmar lo que ha permitido tener instituciones mejores y ha ampliado las oportunidades para jóvenes de los sectores más vulnerables”.
Jueves 19 de octubre de 2017
El proyecto de ley que reforma la educación superior se encuentra en su segundo trámite legislativo. Cada día se visibilizan múltiples falencias y omisiones en esa propuesta, que no apunta a mejorar ni la calidad ni la equidad. Un tema son las facultades de la Subsecretaría y la Superintendencia, las que ponen en riesgo características fundamentales: la diversidad interinstitucional y la autonomía.
Éste último, el principio de Autonomía Iris Universitaria, creado en el siglo XI y reconocido en Chile desde 1931, busca preservar a la universidad de las presiones del poder político. Se expresa en que las universidades deberían poder elegir con autonomía su forma de gobierno, designar sus autoridades y definir sus estatutos y planes de estudios, con el fin último de fomentar la transmisión y la creación de conocimientos. La intervención puede derivar en un resultado que, con muy buenas intenciones, las empobrezca, en detrimento de la sociedad, hoy y mañana.
El proyecto es un claro retroceso, poniendo en jaque nuestro sistema mixto de educación superior. Un tema que lo ejemplifica es la atribución de autorizar, sin plazos ni contrapesos, las solicitudes de cierres de carreras, sedes y programas. Otro es la prohibición de destinar una cifra superior a l 1% del total de lo que las universidades reciban de su arancel para fines publicitario. Es fácil avizorar el potencial de conflictos que ello conllevaría.
Se plantea un permiso del gobierno para adecuar planes y programas de estudios para quienes no obtengan los más altos niveles de acreditación. Lo lógico es que exista apoyo académico, en un marco de libertad para generar cambios que busquen perfeccionar y actualizar su contenido, siempre y cuando no se afecte al estudiante, al imponerse nuevos requisitos.
Junto a ello, se definen atribuciones desmedidas de fiscalización de la Superintendencia de Educación Superior, a quien se le confiere el poder de acceder a cualquier documento, iniciar procesos sancionatorios por reclamo o denuncia formulada por personas interesadas, no estableciendo cuál es el interés involucrado. Además, puede definir si una acción es o no delito.
La autonomía de las IES no es irrestricta, por lo que apoyamos mecanismos de acreditación y fiscalización, que apoyen y permitan elevar el nivel académico, pero no entidades de gobierno que restrinjan las capacidades para desarrollar proyectos institucionales acordes a su misión y visión, poniendo en riesgo la riqueza del actual sistema.
Han aflorado problemas que debemos corregir y conductas que deben sancionarse, pero no desarmar lo que ha permitido tener instituciones mejores y ha ampliado las oportunidades para jóvenes de los sectores más vulnerables. No es sensato apoyar un intervencionismo fuera de época y sin realismo. Toda la evidencia indica que hoy nuestras instituciones de educación superior son mucho más desarrolladas que hace 20 o 30 años. Sin duda, es necesario hacer cambios para acelerar el paso, pero no ir en dirección contraria a lo que ha permitido ese progreso.
