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Jugar sin marcar las cartas
Se ha criticado una determinada operación definida como de especulación inmobiliaria por la forma en que se obtuvo el crédito, y además que por ser especulativa no tendría valor para la sociedad en su conjunto.
Viernes 13 de marzo de 2015
Las operaciones "especulativas", es decir, comprar barato y vender caro, son indispensables en una economía que desea tener un mercado de capitales activo, que permita transferir recursos desde quienes ahorran hacia quienes tiene proyectos de inversiones. En las bolsas son poco relevantes las transacciones de acciones de primera emisión, que son fundamentales para financiar proyectos de nuevas inversiones de sociedades anónimas abiertas, y lo mismo ocurre con la colocación de bonos, letras hipotecarias y otros instrumentos de renta fija que posibilitan que, asumiendo deudas, también se financien proyectos de inversión. Es decir, la emisión de estos instrumentos financieros es clave para el dinamismo productivo del país.
Lo que muchas veces no se entiende es que para que haya compradores de acciones o de bonos de primera emisión debe existir un mercado secundario que permite dar liquidez, esto es, vender esos instrumentos financieros por quien los compró en el mercado primario. Desde esa perspectiva, hacer una utilidad por vender un conjunto de letras hipotecarias, por ejemplo, dos meses después de haberlas comprado (que es lo que se denomina "hacer una pasada"), genera valor, porque permite que se puedan emitir letras hipotecarias para financiar viviendas y que esas letras sean compradas. Lo mismo es válido para la "especulación" en mercados cuya base son metales u otros commodities.
Por lo tanto, el juicio negativo sobre estas transacciones no debería tener que ver con la operación en sí misma, sino con otros elementos. Los acuerdos para alterar los precios, el abuso de posición dominante, usar información no pública, entre otros, son los males. Disminuye valor si la utilidad obtenida se debió a antecedentes que no eran de dominio público, conociendo -antes de comprar o vender- un hecho que al ser de dominio público, alteraría los precios. Ese es el sentido de la prohibición legal para usar la llamada "información privilegiada", penalizando a quienes por su posición o cargo la conozcan antes de su difusión pública, porque no juegan en una cancha pareja.
El juicio negativo sobre la compra y venta de instrumentos financieros tiene que ver con que hemos tenido casos en que se ha percibido que se juega con las cartas marcadas. Desde ese punto de vista, nuestros problemas no son que las actividades especulativas no generen valor social, sino que con demasiada frecuencia se basan en una manera de operar en el sector financiero que no es equitativa y que genera pérdidas para quienes no actúan de esa forma.
La respuesta usual es reclamar una nueva ley, más sancionadora (nos encanta la apariencia de solución que genera una nueva legislación), más regulaciones y mayor fiscalización. En realidad, lo que se requiere es que la penalización de esas conductas sea mucho mayor, y que se tenga una mejor fiscalización. Sin embargo, sabemos desde hace mucho que es imposible fiscalizar todo lo que pueda tener esas características de todas las operaciones descritas, por lo que sin regulación, fiscalización y sanción social, dentro del sector privado y de sus instituciones, lo que podemos prever son más regulaciones, un mercado más reducido y más ineficiente.
