El Subsecretario de Salud ha anunciado que los Reglamentos de la nueva Ley de Fármacos, vigente desde febrero pasado, serán enviados a Contraloría para toma de razón. Esto es, certificar que dichos reglamentos no distorsionen la voluntad del legislador.

La Ley señala entre otras disposiciones, que la receta debe incluir el nombre genérico del medicamento, la prescripción bajo un nombre de fantasía puede ser reemplazada por un fármaco bioequivalente, cada envase debe llevar el precio del fármaco, los medicamentos que no requieren receta deben estar siempre en góndolas delante del mesón, se prohíbe la propaganda de fármacos sujetos a receta, no se puede incentivar a vendedores la entrega preferente de fármacos específicos, no se puede incentivar la prescripción, existirán farmacias móviles y disminuyen los requisitos para instalar almacenes farmacéuticos al cuidado de un técnico en farmacia, sin ninguna otra limitación como las que ahora aparecen en el Reglamento. La promesa: una drástica reducción de precio de los medicamentos de marca, sacar del mercado fármacos inútiles y un aumento de entre 5-10% del valor de los bioequivalentes; pero con calidad demostrada.

La industria farmacéutica es poderosa y la preocupación por su influencia es motivo de preocupación mundial. Ya se han generado campañas bajo el concepto de Responsabilidad Social Empresarial para evitar la prohibición de propaganda, hay concertación para no producir medicamentos bioequivalentes, y los plazos para certificarla se extienden una y otra vez.

Contar al fin con reglamentos casi idénticos a los que ya habían sido aprobados es una buena noticia; sin embargo, asoman algunas nubes de preocupación. Donde el legislador señala que el fraccionamiento es obligatorio, el reglamentador lo transforma en voluntario. Donde el Parlamento decide que los medicamentos no sujetos a receta deben estar en góndolas, con las seguridades apropiada, el Reglamento lo relativiza. Anuncios recientes que prometía la reglamentación, claramente ilegales, han desaparecido de la versión final. Afortunadamente, existe en Chile una separación de poderes que limita la posibilidad de pasar por alto la voluntad explícita de los representantes en el Parlamento, y que probablemente se reflejará en el control de legalidad pendiente.

En el resto, un avance retrasado; pero avance al fin.

Nada de esta Ley beneficiará a quienes más lo necesitan, adultos enfermos, si no hay una fiscalización eficaz y el coraje de resistir el embate de una de las industrias más potentes del planeta. Nuestros Parlamentarios deben estar vigilantes para defender los beneficios de una Ley que se origina en una moción.

Se hace imprescindible crear la Agencia Nacional de Medicamentos, ANAMED, como fue acordado unánimemente en la Comisión de Salud de la Cámara: una institución autónoma, con patrimonio y dirección propios; proyecto hoy congelado, a pesar de tener financiamiento. Sin ella, se seguirán escuchando excusas, habrá nuevas dilaciones, los ganadores serán quienes se colusionen y hagan un poderoso lobby, y los perdedores, los  mismos que muestran que Chile es el país más regresivo e inequitativo del mundo en el acceso a fármacos.