En un gesto inédito, y a riesgo de pasar desapercibida por los acontecimientos políticos, la Cámara de Diputados aprobó el martes 12 de mayo, por 100 votos a favor y 3 abstenciones, la Resolución N° 281. En ella se solicita a la Presidenta de la República implementar una política de natalidad que aumente el número de hijos a la tasa de reemplazo de 2,1 por mujer en edad fértil. Hoy Chile tiene una de las tasas más bajas del mundo, con 1,8 hijos por mujer.
Los Parlamentarios en forma transversal justifican esta postura en razones geopolíticas, económicas, de bienestar de las familias; y agregan que la inmigración debería ser también objeto de una política más precisa.
Tienen razón los Diputados al buscar una nueva política poblacional. Pero no es correcto creer que no tenemos una en la actualidad. Es el conjunto de acciones y omisiones explícitas la que nos ha llevado a la actual situación; debiendo tener claridad que también hay un esfuerzo del primer mundo, pseudoeugenésico, que busca por todos los medios que países como el nuestro tengan la menor cantidad de hijos posible. Pero la política vigente ya no es apropiada para los desafíos del siglo XXI.
Nuestros vecinos crecen vigorosamente y para el año 2030, mientras Chile aumentará su población en 2 millones, los países limítrofes lo habrán hecho en 20. Nuestro envejecimiento es vertiginoso y ni el sistema de pensiones ni el de salud soportarán las demandas que acarrea. Es una época distinta a la que se veía el exceso de natalidad como un causante de subdesarrollo. Dicho paradigma ya no sirve para nosotros. Se ha llegado al punto en que la pérdida acelerada del bono demográfico, entendido como un bajo nivel de población dependiente sobre el total de población activa, es una promesa segura de pobreza.
La Cámara propone algunas medidas como aumentar la asignación familiar, fortalecer el programa de fertilización asistida, y gratuidad universal del parto. Son propuestas interesantes, pero tímidas para la magnitud del problema. Lo esencial es que la política vigente discrimina persistentemente a la mujer, y especialmente a las madres: menos empleabilidad, menos renta, falta de reconocimiento de la maternidad como un trabajo remunerable. Es deseable que el Gobierno acoja esta propuesta transversal de nuestros representantes. Si no, cada día más viejos, más enfermos, más tristes, más solos y más vulnerables.